REPORTAJE
El año 2006 fue desastroso para la ecología dominicanaAgresiones a los recursos naturales se agravaron durante el año 2006
Por Santiago Estrella Veloz Diario DigitalRD.Com
SANTO DOMINGO. -La depredación de los bosques, la extracción indiscriminada de arena en los ríos, la destrucción de lagunas y humedales para vender la tierra por lotes y la contaminación ambiental, se citan entre los principales problemas que amenazan seriamente las fuentes de agua y la salud de los ciudadanos.
Los esfuerzos y la permisividad, en algunos casos, de las autoridades ambientales, resultan mínimos en comparación a los daños causados, lo que revela despreocupación oficial y la poca conciencia empresarial privada, cuyos representantes destruyen o contaminan fuentes de agua sin recibir la sanción correspondiente.
Ese es el caso, por ejemplo, del cierre de una cañada en el sector capitalino de Arroyo Hondo, para un ingeniero ampliar los terrenos de su propiedad, que están vecinos, y luego venderlos por lotes. Las lagunas del Este del Cinturón Verde de Santo Domingo están amenazadas por las incursiones humanas, pero nadie investiga. La extracción de arena sin permiso en los ríos del país prosigue, en algunos casos afectando su lecho. Nadie ha sido sancionado hasta ahora, como tampoco se ha resuelto el problema de la contaminación derivado de granjas de cerdos contiguos al aeropuerto Cibao. Se han dado varios plazos a los dueños para que las trasladen, pero todo sigue igual, a pesar de que su hedor afecta a decenas de miles de pasajeros que llegan o salen de la República Dominicana.
Sucede lo mismo con muchas industrias, tanto en Santo Domingo como en otras ciudades, que contaminan los ríos con sus desechos químicos, sin que aparezca un fiscal ambiental con la vergüenza suficiente para aplicar la Ley o un juez que sancione drásticamente esa agresión a las fuentes de agua.
Es esa misma contaminación es la que acabó con la pesca en los ríos Ozama, Isabela, Haina, Higuamo, Moca, Yaque del Sur y Yaque del Norte en el Cibao, y muchos otros cuyo caudal disminuye cada día, como el Camú, donde cerca de La Vega era antes un río navegable. En ellos abundaban los camarones, cangrejos y jaibas, las lisas, los pargos, el bonito y otras especies, que servían de sustento y alimento a muchas familias pobres.
El municipio de Haina, vecino de la capital de la República, continúa con el triste honor de ser “uno de los lugares más contaminados del mundo”, debido a la irresponsabilidad de los empresarios que regentean el parque industrial de allí. En Haina, son muchos los niños que han muerto por la contaminación por plomo, aparte de que muchos de sus habitantes padecen de enfermedades de la piel. Ninguna autoridad se ha preocupado por enfrentar ese grave problema. "Unas 35.000 personas están potencialmente afectadas por la contaminación en la zona", dice un informe del Instituto Blacksmith, una organización conservacionista no gubernamental basada en Nueva York.Haina está "severamente contaminada con plomo de una planta de reciclaje de baterías de automóvil ya clausurada". Según el documento "varios estudios han encontrado niveles alarmantes de plomo en análisis de sangre y tierra en la comunidad de Haina". "Aunque la compañía se ha cambiado a una nueva ubicación --contaminando a una nueva comunidad-- todavía queda la contaminación en Haina", donde están potencialmente afectadas unas 85.000 personas, explica el informe.
En el 2006, no se cumplió la promesa oficial de retirar de Samaná y Manzanillo el denominado “rockash”, ceniza volátil contaminante originada en plantas eléctricas y traída desde Puerto Rico durante la administración del presidente Hipólito Mejía.. Un juez en Montecristi dictó un auto de “no ha lugar” contra los acusados de autorizar el depósito del “rockash” en territorio dominicano. El juez se pronunció sobre la toxicidad o no del material, sin que ese fuera el motivo de la acusación. El Ministerio Público fundamentó su caso en el hecho de que el rockash se depositó en el país violentando los procedimientos administrativos y la legislación ambiental vigente, así como acuerdos internacionales diversos –tal como el Tratado de Basilea, que obliga a la notificación del traslado de este tipo de material al país receptor y que impide la colocación de este tipo de desechos en zonas costero-marinas-. El magistrado no se pronunció en torno a esta acusación, con lo cual “denegó justicia”, según Medio Ambiente”. Esa Secretaría de Estado emitió una resolución el 25 de noviembre de 2004 (la número 11/2004), mediante la cual sanciona administrativamente a las empresas Multigestiones Valenza, Trans Dominicana de Desarrollo y al doctor René Ledesma, por ser solidariamente responsable de la introducción irregular al país del material denominado Rock Ash. Entre las sanciones, la resolución establece que los responsables deben recoger y trasladar de forma inmediata el residuo a un lugar adecuado y bajo condiciones ambientalmente seguras, a fin de evitar o minimizar los posibles impactos negativos de dicho material al medio ambiente, los recursos naturales y a la salud humana. La devolución del material a su lugar de origen tiene un costo superior a los veinte millones de dólares, lo cual significa una nueva carga para los contribuyentes dominicanos de más de 680 millones de pesos.
En otro orden, los pocos árboles que le quedan a la frontera con Haití, principalmente por la provincia Independencia, hace pensar que no falta mucho para ver convertido en desierto esa parte del país. La margen sur del lago Enriquillo es el centro de quema de guayacán, baitoa, cacheo y bayahonda para extraer carbón con el propósito de llevarlo a Haití, lo que se hace de noche, tanto por caminos clandestinos como por el mar en
pequeñas embarcaciones.
La República Dominicana tiene actualmente una demanda anual de unos 760 mil metros cúbicos de madera, lo que junto a otros productos forestales representa gastos en divisas del orden de más de US$300 millones. Sin embargo, en los últimos 40 años la política forestal del país se ha caracterizado por la falta de planes y la inconsistencia, lo que ha dificultado instaurar un clima de inversión que asegure el desarrollo de una industria sostenible. El concepto está contenido en un documento de la Asociación Nacional de Profesionales Forestales (ANPROFOR), de reciente creación, en el cual se hace un diagnóstico sobre ese sector.
El país requiere plantar 40 millones de árboles anualmente, durante un período de 20 años, para poder aumentar la cobertura boscosa y reforestar las áreas devastadas en diferentes regiones. Según el presidente de la Cámara Forestal Dominicana, ingeniero Bernabé Mañón Rossi, quien manifestó que si esa siembra se planifica bien, podría generar 450 mil empleos directos.
“La actividad forestal, si se dirige bien, con un marco legal, puede llegar a ser una columna de apoyo a la economía nacional”, expresó. El país cuenta con 77 millones de tareas y si se desarrolla sólo el 10 por ciento, daría una producción de 34,379 millones de pies tablar, lo que generaría US$1,116 millones anualmente En la segunda semana de octubre 2005, el Senado aprobó en segunda lectura un proyecto de Ley de Fomento a la Reforestación Comercial, para lo cual dispone la exoneración de todos los tributos sobre la propiedad inmobiliaria rural existente o por crear, así como la eliminación del Impuesto Sobre la Renta a las ganancias netas generadas por esta actividad. Según la pieza legislativa, original del senador Juan Morales (PRD-Hato Mayor), crea un régimen especial de fomento, promoción, estabilidad y seguridad jurídica para las inversiones que se realicen en proyectos de reforestación comercial. El congresista dijo que estos proyectos generarían riquezas en la zona rural y contribuirían al desarrollo económico, social y ambiental.
Ha transcurrido más de un año de eso y ni siquiera el propio senador ha dicho cuál fue su destino, del cual pende una espada de Damocles con motivo de la nueva reforma fiscal que creó más impuestos.
Los reclamos de la opinión pública, firme y decidida, hizo posible que fracasara un cuestionado proyecto para crear una “isla artificial” frente al malecón de Santo Domingo, auspiciado por inversionistas extranjeros asociados a empresarios dominicanos que pretendía así obstaculizar al panorama del mar hacia el sur, frente a la capital dominicana.
Los ayuntamientos del país tampoco han cumplido su rol de proteger el medio ambiente. Sólo 52 de los 149 municipios que tiene el país cuentan con unidades de gestión ambiental para tratar adecuadamente los males ambientales que padecen. Los 97 cabildos restantes aún no han logrado consolidar esas unidades. El secretario de Medio Ambiente, Max Puig, entiende que una de las causas es el acelerado proceso de creación de municipios que ha sufrido el país en los últimos años.
Sin embargo, no todo fue negativo en 2006 en cuanto respecta a los recursos naturales.Entró en vigor la aplicación de la segunda etapa del llamado proyecto Araucaria en la región Suroeste, luego de que el secretario de Medio Ambiente, Max Puig, y Miguel Ángel Encinas, coordinador de la Cooperación Española en el país, firmaran un memorando de entendimiento. El proyecto busca impulsar el desarrollo sostenido de las provincias que integran la reserva de la biosfera (Barahona, Pedernales, Independencia y Bahona).No se trata solo de proteger los recursos naturales, sino también de impulsar el avance de la gente. El programa contempla actividades productivas sostenibles como el ecoturismo, el proyecto del rescate de las Cuencas Altas de Sabana Yegua, que cuenta con el auspicio del Fondo Mundial para Medio Ambiente. “Demostrando el Manejo Sostenible de las Tierras de las Cuencas Altas de Sabana Yegua” será ejecutado por la Fundación Sur Futuro, con un esfuerzo conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) y la Secretaría de Medio Ambiente. El secretario de Medio Ambiente, Max Puig, la presidenta de la Fundación Sur Futuro, Melba Segura de Grullón, y el representante en el país del PNUD, Nicky Fabiancic, firmaron el convenio para impulsar el proyecto.
La iniciativa está encaminada al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la cuenca a través de programas de salud, vivienda, educación, agua potable y energía alternativa. Contempla la promoción de una política para el uso apropiado de las tierras, lanzamiento de un programa masivo de educación ambiental y la constitución de un fondo de de garantía para incentivar el crédito en los productores del área.
Es cierto que las agresiones a los recursos naturales y al medio ambiente datan de siglos, pero a veces uno piensa que las medidas oficiales para enfrentarlas son apenas un granito de arena en el inmenso desierto.
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Los esfuerzos y la permisividad, en algunos casos, de las autoridades ambientales, resultan mínimos en comparación a los daños causados, lo que revela despreocupación oficial y la poca conciencia empresarial privada, cuyos representantes destruyen o contaminan fuentes de agua sin recibir la sanción correspondiente.
Ese es el caso, por ejemplo, del cierre de una cañada en el sector capitalino de Arroyo Hondo, para un ingeniero ampliar los terrenos de su propiedad, que están vecinos, y luego venderlos por lotes. Las lagunas del Este del Cinturón Verde de Santo Domingo están amenazadas por las incursiones humanas, pero nadie investiga. La extracción de arena sin permiso en los ríos del país prosigue, en algunos casos afectando su lecho. Nadie ha sido sancionado hasta ahora, como tampoco se ha resuelto el problema de la contaminación derivado de granjas de cerdos contiguos al aeropuerto Cibao. Se han dado varios plazos a los dueños para que las trasladen, pero todo sigue igual, a pesar de que su hedor afecta a decenas de miles de pasajeros que llegan o salen de la República Dominicana.
Sucede lo mismo con muchas industrias, tanto en Santo Domingo como en otras ciudades, que contaminan los ríos con sus desechos químicos, sin que aparezca un fiscal ambiental con la vergüenza suficiente para aplicar la Ley o un juez que sancione drásticamente esa agresión a las fuentes de agua.
Es esa misma contaminación es la que acabó con la pesca en los ríos Ozama, Isabela, Haina, Higuamo, Moca, Yaque del Sur y Yaque del Norte en el Cibao, y muchos otros cuyo caudal disminuye cada día, como el Camú, donde cerca de La Vega era antes un río navegable. En ellos abundaban los camarones, cangrejos y jaibas, las lisas, los pargos, el bonito y otras especies, que servían de sustento y alimento a muchas familias pobres.
El municipio de Haina, vecino de la capital de la República, continúa con el triste honor de ser “uno de los lugares más contaminados del mundo”, debido a la irresponsabilidad de los empresarios que regentean el parque industrial de allí. En Haina, son muchos los niños que han muerto por la contaminación por plomo, aparte de que muchos de sus habitantes padecen de enfermedades de la piel. Ninguna autoridad se ha preocupado por enfrentar ese grave problema. "Unas 35.000 personas están potencialmente afectadas por la contaminación en la zona", dice un informe del Instituto Blacksmith, una organización conservacionista no gubernamental basada en Nueva York.Haina está "severamente contaminada con plomo de una planta de reciclaje de baterías de automóvil ya clausurada". Según el documento "varios estudios han encontrado niveles alarmantes de plomo en análisis de sangre y tierra en la comunidad de Haina". "Aunque la compañía se ha cambiado a una nueva ubicación --contaminando a una nueva comunidad-- todavía queda la contaminación en Haina", donde están potencialmente afectadas unas 85.000 personas, explica el informe.
En el 2006, no se cumplió la promesa oficial de retirar de Samaná y Manzanillo el denominado “rockash”, ceniza volátil contaminante originada en plantas eléctricas y traída desde Puerto Rico durante la administración del presidente Hipólito Mejía.. Un juez en Montecristi dictó un auto de “no ha lugar” contra los acusados de autorizar el depósito del “rockash” en territorio dominicano. El juez se pronunció sobre la toxicidad o no del material, sin que ese fuera el motivo de la acusación. El Ministerio Público fundamentó su caso en el hecho de que el rockash se depositó en el país violentando los procedimientos administrativos y la legislación ambiental vigente, así como acuerdos internacionales diversos –tal como el Tratado de Basilea, que obliga a la notificación del traslado de este tipo de material al país receptor y que impide la colocación de este tipo de desechos en zonas costero-marinas-. El magistrado no se pronunció en torno a esta acusación, con lo cual “denegó justicia”, según Medio Ambiente”. Esa Secretaría de Estado emitió una resolución el 25 de noviembre de 2004 (la número 11/2004), mediante la cual sanciona administrativamente a las empresas Multigestiones Valenza, Trans Dominicana de Desarrollo y al doctor René Ledesma, por ser solidariamente responsable de la introducción irregular al país del material denominado Rock Ash. Entre las sanciones, la resolución establece que los responsables deben recoger y trasladar de forma inmediata el residuo a un lugar adecuado y bajo condiciones ambientalmente seguras, a fin de evitar o minimizar los posibles impactos negativos de dicho material al medio ambiente, los recursos naturales y a la salud humana. La devolución del material a su lugar de origen tiene un costo superior a los veinte millones de dólares, lo cual significa una nueva carga para los contribuyentes dominicanos de más de 680 millones de pesos.
En otro orden, los pocos árboles que le quedan a la frontera con Haití, principalmente por la provincia Independencia, hace pensar que no falta mucho para ver convertido en desierto esa parte del país. La margen sur del lago Enriquillo es el centro de quema de guayacán, baitoa, cacheo y bayahonda para extraer carbón con el propósito de llevarlo a Haití, lo que se hace de noche, tanto por caminos clandestinos como por el mar en
pequeñas embarcaciones.
La República Dominicana tiene actualmente una demanda anual de unos 760 mil metros cúbicos de madera, lo que junto a otros productos forestales representa gastos en divisas del orden de más de US$300 millones. Sin embargo, en los últimos 40 años la política forestal del país se ha caracterizado por la falta de planes y la inconsistencia, lo que ha dificultado instaurar un clima de inversión que asegure el desarrollo de una industria sostenible. El concepto está contenido en un documento de la Asociación Nacional de Profesionales Forestales (ANPROFOR), de reciente creación, en el cual se hace un diagnóstico sobre ese sector.
El país requiere plantar 40 millones de árboles anualmente, durante un período de 20 años, para poder aumentar la cobertura boscosa y reforestar las áreas devastadas en diferentes regiones. Según el presidente de la Cámara Forestal Dominicana, ingeniero Bernabé Mañón Rossi, quien manifestó que si esa siembra se planifica bien, podría generar 450 mil empleos directos.
“La actividad forestal, si se dirige bien, con un marco legal, puede llegar a ser una columna de apoyo a la economía nacional”, expresó. El país cuenta con 77 millones de tareas y si se desarrolla sólo el 10 por ciento, daría una producción de 34,379 millones de pies tablar, lo que generaría US$1,116 millones anualmente En la segunda semana de octubre 2005, el Senado aprobó en segunda lectura un proyecto de Ley de Fomento a la Reforestación Comercial, para lo cual dispone la exoneración de todos los tributos sobre la propiedad inmobiliaria rural existente o por crear, así como la eliminación del Impuesto Sobre la Renta a las ganancias netas generadas por esta actividad. Según la pieza legislativa, original del senador Juan Morales (PRD-Hato Mayor), crea un régimen especial de fomento, promoción, estabilidad y seguridad jurídica para las inversiones que se realicen en proyectos de reforestación comercial. El congresista dijo que estos proyectos generarían riquezas en la zona rural y contribuirían al desarrollo económico, social y ambiental.
Ha transcurrido más de un año de eso y ni siquiera el propio senador ha dicho cuál fue su destino, del cual pende una espada de Damocles con motivo de la nueva reforma fiscal que creó más impuestos.
Los reclamos de la opinión pública, firme y decidida, hizo posible que fracasara un cuestionado proyecto para crear una “isla artificial” frente al malecón de Santo Domingo, auspiciado por inversionistas extranjeros asociados a empresarios dominicanos que pretendía así obstaculizar al panorama del mar hacia el sur, frente a la capital dominicana.
Los ayuntamientos del país tampoco han cumplido su rol de proteger el medio ambiente. Sólo 52 de los 149 municipios que tiene el país cuentan con unidades de gestión ambiental para tratar adecuadamente los males ambientales que padecen. Los 97 cabildos restantes aún no han logrado consolidar esas unidades. El secretario de Medio Ambiente, Max Puig, entiende que una de las causas es el acelerado proceso de creación de municipios que ha sufrido el país en los últimos años.
Sin embargo, no todo fue negativo en 2006 en cuanto respecta a los recursos naturales.Entró en vigor la aplicación de la segunda etapa del llamado proyecto Araucaria en la región Suroeste, luego de que el secretario de Medio Ambiente, Max Puig, y Miguel Ángel Encinas, coordinador de la Cooperación Española en el país, firmaran un memorando de entendimiento. El proyecto busca impulsar el desarrollo sostenido de las provincias que integran la reserva de la biosfera (Barahona, Pedernales, Independencia y Bahona).No se trata solo de proteger los recursos naturales, sino también de impulsar el avance de la gente. El programa contempla actividades productivas sostenibles como el ecoturismo, el proyecto del rescate de las Cuencas Altas de Sabana Yegua, que cuenta con el auspicio del Fondo Mundial para Medio Ambiente. “Demostrando el Manejo Sostenible de las Tierras de las Cuencas Altas de Sabana Yegua” será ejecutado por la Fundación Sur Futuro, con un esfuerzo conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) y la Secretaría de Medio Ambiente. El secretario de Medio Ambiente, Max Puig, la presidenta de la Fundación Sur Futuro, Melba Segura de Grullón, y el representante en el país del PNUD, Nicky Fabiancic, firmaron el convenio para impulsar el proyecto.
La iniciativa está encaminada al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la cuenca a través de programas de salud, vivienda, educación, agua potable y energía alternativa. Contempla la promoción de una política para el uso apropiado de las tierras, lanzamiento de un programa masivo de educación ambiental y la constitución de un fondo de de garantía para incentivar el crédito en los productores del área.
Es cierto que las agresiones a los recursos naturales y al medio ambiente datan de siglos, pero a veces uno piensa que las medidas oficiales para enfrentarlas son apenas un granito de arena en el inmenso desierto.
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